El Gobierno nacional oficializó este viernes, a través del decreto 439/2025 publicado en el Boletín Oficial, la suba de las retenciones a la soja y el maíz a partir del 1° de julio, una medida largamente resistida por las entidades del agro y que marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el sector productivo.

Con esta decisión, la alícuota para la soja pasará del 26% al 33%, mientras que la del maíz —y también la del sorgo— se ajustará del 9,5% al 12%. El girasol también sufrirá un incremento: pasará del 5,5% al 7%. En contraste, se prorrogó el esquema reducido de retenciones para el trigo y la cebada, que mantendrán una alícuota del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.

Un beneficio limitado y condicionado

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que sólo los productos detallados en el anexo normativo conservarán la reducción impositiva. Además, para acceder a dicho beneficio, los exportadores de cultivos invernales deberán ingresar al menos el 90% de las divisas correspondientes a las ventas en un plazo de 30 días hábiles desde la declaración jurada de venta al exterior (DJVE). De no cumplir con este requisito, perderán el beneficio tributario y tributarán la alícuota más alta.

La medida se enmarca en la estrategia oficial de consolidación fiscal y fortalecimiento de las reservas del Banco Central, aunque se produce en un contexto de fuerte malestar entre los actores del sector agroindustrial, que ven en el regreso de los DEX un obstáculo para la planificación y la inversión.

Reacciones del campo

Entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro expresaron su malestar tras la publicación del decreto. CRA advirtió sobre el “impacto negativo” del restablecimiento de los derechos de exportación y reclamó una revisión de la política tributaria que contemple la realidad del sector. Coninagro, por su parte, alertó sobre la “desigualdad” que genera la finalización del esquema de rebajas para los cultivos de verano y reclamó reglas claras y estables para sostener la inversión productiva.

Una de las principales críticas se centra en el hecho de que, en el caso del maíz, el 45% del área aún no ha sido cosechada. Esto implica que una porción significativa de la producción quedará alcanzada por el nuevo esquema impositivo, generando incertidumbre y posibles trabas para la comercialización.

Impacto inmediato y expectativas de mercado

La medida llega en un contexto en el que el sector venía mostrando una fuerte actividad exportadora. Desde el 27 de enero —cuando entró en vigencia la reducción temporal— se registraron DJVE por 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja, 6,5 millones de toneladas de poroto de soja, 3,8 millones de toneladas de aceite de soja y 17,9 millones de toneladas de maíz. Estas operaciones generaron aproximadamente 5.000 millones de dólares en apenas dos semanas.

A pesar de este dinamismo, analistas de mercado advierten que la suba de retenciones podría ralentizar las ventas en los próximos meses, afectando tanto la liquidez del sistema agroindustrial como las decisiones de siembra para el ciclo 2025/2026.

Trigo y cebada: siembra avanzada y alivio parcial

En cuanto a los cultivos invernales, la extensión del beneficio tributario fue bien recibida por el sector. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 72,7% del área proyectada para trigo —unas 6,7 millones de hectáreas— ya fue sembrada. La cebada, en tanto, alcanza el 50,8% de las 1,3 millones de hectáreas previstas. La Bolsa de Comercio de Rosario estima 7,1 millones de hectáreas para el cereal, aunque ajustó su proyección a la baja por el impacto de los excesos hídricos.

Las exportaciones conjuntas de trigo y cebada representan ingresos anuales por alrededor de 4.000 millones de dólares. La harina de trigo también mantendrá su alícuota reducida del 5,5%, tal como indica el texto oficial.

El factor político

El momento elegido para el anuncio —a pocos días de la exposición de La Rural— no pasó desapercibido en el ámbito político y económico. La posible participación del presidente Milei en la apertura del evento genera expectativas sobre nuevos anuncios o gestos hacia el sector agropecuario, en medio de un clima tenso pero aún abierto al diálogo.

En definitiva, el nuevo esquema de retenciones busca reforzar los objetivos fiscales del Gobierno, pero lo hace a costa de mayor fricción con uno de los sectores clave para la generación de divisas y el crecimiento regional. Las próximas semanas serán decisivas para evaluar el impacto real de la medida sobre el mercado, la inversión y la estabilidad productiva en un contexto económico aún desafiante.