El Gobierno de Tucumán dispuso una prórroga en los plazos de pago para contribuyentes con deudas ante la Dirección General de Rentas de la Provincia, con el objetivo de prevenir embargos en cuentas corrientes y otorgar un alivio financiero al sector privado.

La medida, anunciada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, junto al presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales, fue formalizada a través del Decreto N° 2.255/3 firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

“Cuando un contribuyente tiene una deuda de cualquier naturaleza, se le da un plazo, pero los apoderados fiscales de Rentas están facultados para embargar las cuentas corrientes. Con este decreto, eso cambia: a partir de ahora se notificará previamente y se extenderá el plazo de pago por cinco días más para que el contribuyente pueda regularizar su situación y evitar el embargo”, explicó Abad.

El titular de Economía precisó que la disposición surgió a partir de un pedido de la FET, ante la compleja coyuntura económica que atraviesa el país. “El embargo de una cuenta corriente afecta el giro comercial de la empresa. Si hay cheques diferidos entregados o pagos inmediatos, como sueldos o servicios, un embargo genera un perjuicio muy grande”, subrayó.

Abad destacó que la decisión representa “un alivio concreto” para los contribuyentes en un escenario de estancamiento económico que “va a durar un tiempo”. Recordó, además, que el Estado provincial destina al sector privado unos $ 40.000 millones anuales —equivalentes a USD 40 millones— en reducciones de alícuotas, exenciones tributarias y beneficios impositivos vinculados a la producción, la actividad primaria y algunos servicios e industrias.

“Gobernar es crear trabajo, que el sector privado haga lo suyo y que el Estado preste los servicios básicos como corresponde. Eso es lo que tratamos de hacer todos los días”, enfatizó el Ministro.

Por su parte, Viñuales detalló que la solicitud surgió en la Comisión de Impuestos de la FET, a partir del planteo de distintas cámaras comerciales, empresariales e industriales. “En este contexto de recesión, un embargo sin previo aviso generaba incertidumbre en las empresas. Planteamos al Gobierno que, si se aplicaba este mecanismo de cobro, se notificara previamente para permitir llegar a un acuerdo o proponer un plan de pago con la Dirección de Rentas”, señaló.

El dirigente recordó que el embargo es una atribución prevista en el Código Tributario, pero que el decreto “brinda una herramienta y un alivio a los contribuyentes”.

“Trabajamos en forma conjunta en algo que beneficia a las pymes, en un momento difícil. Desde Nación se eliminó la Secretaría de Pymes, que pasó a ser una dirección, lo cual no es un buen mensaje, porque las pymes representan el 70 % del PBI y el 85 % del empleo. En vez de restar herramientas, debemos sumar. Esta medida del Gobierno de Tucumán ayuda en este momento complejo”, concluyó Viñuales.