La propuesta presentada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Buenos Aires, generó una fuerte reacción por parte del sector azucarero argentino. En su intervención, Lula planteó la necesidad de avanzar hacia la inclusión del azúcar —junto con el sector automotriz— en el esquema de libre comercio de la unión aduanera regional. Sin embargo, referentes de la industria azucarera nacional manifestaron su rechazo contundente, advirtiendo que tal medida generaría un “grave perjuicio” para la economía del Noroeste Argentino (NOA).

Organizaciones como el Centro Azucarero Argentino, la Unión Cañeros Independientes de Tucumán, el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán, la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, Cañeros Unidos del Este y la Unión Cañeros del Sur firmaron un comunicado conjunto en el que califican como “inadmisible” la posibilidad de abrir el comercio de azúcar sin aranceles ni medidas compensatorias.

El principal argumento del sector se basa en la histórica diferencia estructural entre ambas industrias. En Brasil, el Plan Proálcool —implementado desde 1975— impulsó durante décadas un sistema de subsidios directos e indirectos al etanol y al azúcar derivados de la caña. Esa política incluyó financiamiento estatal, incentivos fiscales, precios regulados y un acceso prioritario al mercado energético interno, lo que derivó en una capacidad productiva sobredimensionada y altamente competitiva, gracias a la intervención del Estado.

Estas distorsiones fueron reconocidas incluso por el propio Mercosur en su Acta de la VI Reunión del Grupo Mercado Común (1992), en donde se establecieron como “asimetrías” justificadas para aplicar tratamientos arancelarios diferenciados.

En contraposición, la industria azucarera argentina se ha desarrollado sin subsidios de magnitud equivalente, con fuerte arraigo en el mercado interno y cumpliendo un papel estratégico para el desarrollo económico y social del NOA. El azúcar es considerada una economía regional clave por su impacto en el empleo, la generación de valor agregado y la cohesión territorial en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy.

“La apertura total del comercio sin reconocer las distorsiones acumuladas durante décadas pondría en serio riesgo la competitividad y sostenibilidad de miles de pequeños y medianos productores”, advierten los cañeros argentinos. Por ese motivo, insisten en mantener aranceles y medidas de administración de comercio que son legales, legítimos y plenamente consistentes con las normas del Mercosur.

Las entidades firmantes reiteraron que la defensa de estas medidas no es una postura proteccionista arbitraria, sino una necesidad imperiosa para preservar una actividad vital para el desarrollo del interior profundo argentino, que hoy enfrenta una amenaza directa por parte de un socio con ventajas estructurales artificiales.