El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) llevó a cabo una Audiencia Pública clave para el futuro del servicio de distribución de gas natural en el Noroeste Argentino. El encuentro tuvo como eje la solicitud de Naturgy NOA S.A. -junto a Camuzzi Gas del Sur y Gasnea- para renovar por otros 20 años sus licencias de distribución, un derecho que las empresas poseen siempre que hayan cumplido con las obligaciones establecidas en sus contratos.

La jornada, presidida por el interventor del ENARGAS, Carlos Alberto María Casares, reunió a representantes de las distribuidoras, defensores del pueblo y organizaciones de usuarios. Mientras las empresas defendieron su desempeño técnico y financiero, las Defensorías advirtieron sobre la falta de expansión de las redes, particularmente en las zonas más postergadas.

En su presentación, Marcela Claudia Córdoba, representante de Naturgy NOA S.A., sostuvo que la compañía “ha dado debido cumplimiento a las obligaciones a su cargo” y que la prórroga solicitada es un derecho, al haber cumplido “en lo sustancial con las obligaciones que impone la licencia”. La empresa, que presta servicio en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, destacó sus inversiones desde 1992: más de 194 millones de dólares en moneda de cada año, equivalentes a 321 millones de dólares actualizados a diciembre de 2024 según el índice de precios de Estados Unidos.

Según Córdoba, estos recursos permitieron triplicar las variables de cobertura. Actualmente, Naturgy NOA atiende a 584.000 usuarios, con 12.700 kilómetros de redes y gasoductos y presencia en 121 localidades. Además, afirmó que la compañía cumplió con los estándares de calidad exigidos, con un índice de continuidad del servicio superior al 99% anual, frente al valor de referencia del 80%.

No obstante, la exposición fue fuertemente cuestionada por la Defensoría del Pueblo de Tucumán, representada por su director legal Guillermo Federico Anabia. Basado en datos censales, el funcionario señaló que “solo el 37% de los hogares tucumanos cuenta con gas natural”, lo que equivale a 206.729 hogares sobre un total de 550.000. El 63% restante depende de alternativas más costosas y precarias como el gas envasado, artefactos eléctricos o incluso leña: “casi 10.000 hogares” recurren a esta última opción.

“Tras 32 años de concesión, la red de gas natural es insuficiente para cubrir las necesidades de la provincia”, remarcó Anabia, y cuestionó que en el discurso de Naturgy “no hubo ninguna referencia a un plan de expansión”. Para la Defensoría, más allá del cumplimiento técnico alegado por la empresa, “el espíritu de la Ley 24.076 no se ha cumplido en lo esencial”, al haberse vulnerado el principio de libre acceso y la adecuada protección de los derechos de los consumidores.

En ese sentido, el organismo que conduce Eduardo Cobos fue categórico: “Los resultados asociados a la expansión del sistema de distribución de gas por redes han fallado en Tucumán”. La Defensoría exigió que la eventual prórroga sirva para fijar “nuevas reglas claras que aseguren el libre acceso” y una expansión efectiva del servicio hacia las zonas actualmente desatendidas.

La Audiencia, de carácter informativo, no concluyó con una resolución definitiva. El ENARGAS deberá ahora analizar las exposiciones y elaborar una evaluación preliminar para elevar a la Secretaría de Energía de la Nación, que será la encargada de definir si se otorga o no la prórroga por 20 años solicitada por las distribuidoras.

El debate dejó en evidencia una tensión central para el futuro energético del NOA: mientras las empresas reclaman estabilidad regulatoria y reconocimiento a su inversión, las instituciones provinciales insisten en que la verdadera deuda pendiente sigue siendo la equidad en el acceso al gas natural.

Fuente: Tendencia de Noticias